El certificado de prescripción urbanística se concede una vez transcurrido el plazo de cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras sin que por la Administración se adopten las medidas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, de conformidad con el art. 180.1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; a estos efectos, el transcurso del plazo implica únicamente que la Administración pierde sus potestades de exigir al constructor la legalización de lo que sin licencia o excediéndose de ésta haya realizado, sin que de ningún modo se produzca la legalización de lo construido, salvo, naturalmente, que el ordenamiento urbanístico posibilite su legalización y el interesado la promueva

La prescripción urbanística supone la integración plena de la finca en el tráfico jurídico-mercantil, al quedar regularizada urbanísticamente su situación. Por ello, la edificación entra plenamente en el patrimonio de los interesados, que podrán disponer de ella con efectos a terceros, es decir, quedando garantizado el principio de seguridad jurídica y el derecho al disfrute de los servicios básicos que todo ciudadano ha de tener en su vivienda, como son los suministros de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, dado que, desde la óptica urbanística, se regulariza la edificación, sin perjuicio de que pueda quedar fuera de ordenación, resultando por consiguiente otorgada y reconocida la prescripción de la infracción urbanística y quedando enervada la obligación de obtener cédula de habitabilidad, documento que sólo resulta exigible en los supuestos de petición y obtención de licencias de obras así como de legalización de las mismas

La prescripción urbanística supone la integración plena de la finca en el tráfico jurídico-mercantil, al quedar regularizada urbanísticamente su situación. Por ello, la edificación entra plenamente en el patrimonio de los interesados, que podrán disponer de ella con efectos a terceros, es decir, quedando garantizado el principio de seguridad jurídica